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BANCO POPULAR: SENTENCIA QUE ANULA AMPLIACIÓN DE CAPITAL

miércoles, 28 de marzo de 2018 a las 20:03 h

LA ANULACIÓN DE LA COMPRA DE ACCIONES DEL BANCO POPULAR SIGUE LA ESTELA DEL CASO BANKIA Y ABRE LA PUERTA A MILES DE RECLAMACIONES JUDICIALES DE AFECTADOS

  • La sentencia del juzgado de 1ª instancia nº 11 de Oviedo considera nulas la compra de las acciones suscritas en la ampliación de capital 2016 y todas las posteriores hasta el momento de la intervención del banco.
  • Este fallo es, a juicio de LEAN Abogados, “el primero de muchos más que condenarán al Banco Popular siguiendo el precedente de la salida a bolsa de Bankia”.

 

Como ayer se hizo público, el Juzgado de 1ª Instancia nº 11 de Oviedo dictó el pasado 23 de marzo la primera sentencia que declara la anulación de la compra de acciones del Banco Popular emitidas en la ampliación de capital de 2016. La sentencia anula tanto las acciones suscritas en el momento de la ampliación como las adquiridas posteriormente hasta el momento de la intervención del banco.

 

Este fallo abre la brecha jurisprudencial, aunque todavía con largo recorrido, a las reclamaciones de todos los accionistas afectados por la intervención del banco que suscribieron la última ampliación de capital o que compraron acciones con posterioridad a ella.  

 

Según Rodrigo Vilallonga, socio de LEAN en Bilbao, “el motivo es que las cuentas utilizadas para realizar la ampliación de capital de mayo de 2016 por 2.500 millones de euros no eran correctas”. Así lo puso de manifiesto el propio Banco Popular a la CNMV mediante Hecho Relevante el pasado 3 de abril de 2017 tras advertir, tanto la Comisión de Auditoría de la entidad como los Auditores Externos, de la existencia de una serie de errores en las cuentas que sirvieron de base para realizar esa controvertida ampliación.

Ignacio de Azúa, socio de LEAN en Madrid, llama además la atención sobre “el paralelismo en el desarrollo de los acontecimientos que este caso tiene con la salida a bolsa de Bankia". Esta sentencia, cree De Azúa, “es pionera y será la primera de muchas más condenatorias a la entidad financiera".

El fallo conocido ayer subraya lo siguiente: “existía una notable diferencia entre la situación patrimonial y financiera en que realmente se encontraba el Banco Popular, que determinó su intervención meses después, y aquella que expresó en el folleto de la oferta pública (…) Tal información falseada o irregular llevó al demandante a hacerse una representación equivocada de la rentabilidad de su inversión, pues prácticamente sin solución de continuidad desde la finalización de la oferta el banco desveló una situación netamente distinta, hasta que finalmente fue intervenida y vendida por un euro a otra entidad, con pérdida íntegra de la inversión del actor”. Esto no sólo le ha sucedido a este demandante concreto de Asturias, sino a miles de inversores de toda España. Sólo LEAN Abogados está tramitando más de 3.000 reclamaciones de afectados por este caso en todo el país.

 

Para ampliar esta información, o para pedir declaraciones de los abogados expertos en derecho bancario de LEAN, no duden en ponerse en contacto con nuestro departamento de prensa en el 900 102 722, o bien, pedir cita en su despacho de LEAN ABOGADOS en JAEN, PERABER ASESORES. 

 

 

LEAN Abogados, 28 de marzo de 2018

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EL IMPUESTO DE LAS HIPOTECAS LO DEBE PAGAR EL CLIENTE

domingo, 25 de marzo de 2018 a las 20:03 h

El Tribunal Supremo considera que, en la constitución de un préstamo hipotecario, el sujeto pasivo del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y de Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD) es el prestatario, es decir, el cliente, por lo que debe ser él el que se haga cargo de este gasto.

El alto tribunal ha hecho públicas este lunes las dos sentencias cuyos fallos dio a conocer el pasado 28 de febrero y que sientan jurisprudencia respecto a los gastos hipotecarios.

En ambas --una correspondiente a una demanda de un cliente a Sabadell y otra al mismo banco y a CaixaBank--, los jueces estiman que, de acuerdo con el articulado del impuesto, el sujeto pasivo del tributo es el prestatario.

En cuanto al derecho de cuota variable del pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, el sujeto pasivo será también el cliente y, respecto de la cuota fija, se diferencia entre el timbre de los folios en los que se redacta la matriz y las copias autorizadas.

El abono del impuesto por la matriz correspondería al prestatario, salvo que banco y cliente lleguen a un acuerdo para pagarlo a medias, mientras que el correspondiente a las copias deberá abonarlo el que las solicite.

Ambas sentencias estiman en parte los dos recursos presentados y establecen que a los bancos solamente les corresponde pagar la mitad del impuesto sobre el timbre de los documentos notariales y el de las copias, si las solicita la entidad.

El ITP y AJD es un impuesto autonómico que varía en función de cada comunidad autónoma y que representa el pago de un porcentaje sobre la escritura notarial en la que se formalice la hipoteca. Según los datos aportados por varios despachos de abogados, el pago de este impuesto se sitúa de media entre los 3.000 y 4.000 euros.

En todo caso, en ambas sentencias los jueces consideran que las cláusulas de gastos hipotecarios incluidas en los contratos objeto de litigio deben ser nulas por ser abusivas, dado que atribuyen "indiscriminadamente y sin distinción el pago de todos los gastos e impuestos al prestatario".

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LIBROS SOCIAES OBLIGATORIOS EN LAS COOPERATIVAS

sábado, 17 de febrero de 2018 a las 21:02 h

 La Ley 14/2011, de 23 de Diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas y del  Reglamento (Decreto 123/2014, de 2 de Septiembre), establece unos cambios en el contenido, la forma y el procedimiento de legalización de los libros sociales obligatorios para estas Sociedades.

                Las principales novedades se refieren al procedimiento de legalización y presentación de los libros obligatorios, que se enumeran a continuación:

  • El procedimiento de legalización se tramitará por medios telemáticos.
  • La presentación de los libros se realizará una vez cumplimentados los mismos en su integridad.
  • Estos libros deberán ser legalizados por el Registro de Cooperativas en los siete meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio.
  • Todos ellos deberán contener como mínimo los datos expresados en el art. 57 del Reglamento.

Con objeto de que se cumpla la normativa actual a este respecto, hemos diseñado un servicio de asesoramiento para la legalización de libros sociales, por lo que, si está interesado, nos ponemos a su disposición para informarle.

 

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